Informe 2018 sobre las libertades religiosas en Cuba

Creada por la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) es una comisión independiente y bipartidista del gobierno federal de Estados Unidos que vigila el derecho universal a la libertad religiosa o de culto fuera de Estados Unidos. La USCIRF vigila las violaciones de la libertad religiosa o de culto fuera de Estados Unidos conforme a lo dispuesto en las normas internacionales y hace recomendaciones en materia de políticas al presidente, el secretario de Estado y el Congreso. La USCIRF es un ente independiente y diferenciado del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Informe Anual 2018 constituye la culminación de un año de la labor realizada por los comisionados y el personal profesional para documentar los abusos sobre el terreno y hacer recomendaciones de política independientes al gobierno de Estados Unidos. El Informe Anual 2018 abarca el período que va desde enero de 2017 hasta diciembre de 2017, aunque en algunos casos se hace referencia a acontecimientos relevantes que han tenido lugar antes o después de este marco de tiempo. Para más información sobre la USCIRF, visite el sitio web aquí, o comuníquese con la USCIRF directamente llamando al 202-523-3240.

Cuba

Principales conclusiones: Durante el período al que se refiere este informe, las condiciones de libertad religiosa en Cuba continuaron siendo malas. El gobierno cubano emprendió campañas de acoso que incluyeron detenciones y repetidos interrogatorios a líderes religiosos y activistas que defienden la libertad religiosa. Las autoridades amenazaron con confiscar varias iglesias e interrogaron a líderes religiosos en todo el país con respecto a la situación legal de sus propiedades religiosas. El gobierno continúa interfiriendo en los asuntos internos de los grupos religiosos y restringe, controla y vigila de forma activa las prácticas religiosas, el acceso a la información y las comunicaciones mediante un sistema restrictivo de leyes y políticas, actividades de vigilancia y acoso. Si bien la constitución cubana garantiza la libertad de religión o credo, esta protección está limitada por otras disposiciones constitucionales y legales. Al final del período al que se refiere este informe, se registraron 55 comunidades religiosas; únicamente las comunidades religiosas registradas están autorizadas legalmente para recibir a visitantes extranjeros, importar materiales religiosos, reunirse en centros de culto autorizados y solicitar permiso para viajar al exterior con fines religiosos. La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba responde únicamente ante el Partido y, por lo tanto, tiene el amplio e ilimitado poder de controlar las actividades religiosas, incluidas la aprobación de algunas ceremonias religiosas además de los servicios de culto, la reparación o la construcción de centros de culto y la importación de materiales religiosos. Las autoridades impiden que los activistas defensores de la democracia y los derechos humanos participen en actividades religiosas, en ocasiones por la fuerza. Casi todos los domingos en 2017, el gobierno prohibió a miembros del movimiento Damas de Blanco asistir a misa. En un acontecimiento positivo, las autoridades prometieron verbalmente a las Asambleas de Dios que el gobierno no confiscaría 1.400 de sus iglesias, tal como había amenazado en 2015 y 2016. Sobre la base de estas inquietudes, en 2018 la USCIRF vuelve a situar a Cuba en el Nivel 2 por participar en violaciones a la libertad religiosa o tolerar violaciones a la libertad religiosa que cumplen al menos uno de los elementos de la norma “sistemática, continua, atroz” para ser designado como un “país que suscita especial preocupación”, o CPC (por sus siglas en inglés), bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA).

Recomendaciones al gobierno de Estados Unidos

Denunciar públicamente las violaciones de la libertad religiosa y los derechos humanos conexos en Cuba;

Presionar al gobierno de Cuba para que cumpla las siguientes condiciones:

Detener el acoso de líderes religiosos; o Poner fin a la práctica de impedir con violencia que los activistas defensores de la democracia y los derechos humanos asistan a servicios religiosos;

o Poner fin a la destrucción o las amenazas de destrucción y las amenazas de expropiación de los centros de culto;

o Levantar las restricciones impuestas a las comunidades religiosas para la adquisición de propiedad, la construcción

o reparación de centros de culto, la celebración de procesiones religiosas, la importación de materiales religiosos y la entrada al país de líderes religiosos;

o Permitir que los grupos religiosos no registrados operen con libertad y dentro del marco de la ley, y revocar las políticas del gobierno que restringen los servicios religiosos en hogares u otras propiedades personales;

o Permitir que los grupos religiosos registrados y no registrados lleven a cabo actividades educativas religiosas;

o Dejar de interferir en las actividades religiosas y los asuntos internos de las comunidades religiosas; y 3

o Responsabilizar a los agentes de policía y demás cuerpos de seguridad por las acciones que violen los derechos humanos de practicantes religiosos, incluida la libertad religiosa de presos políticos;

 Aumentar las oportunidades para que los líderes religiosos cubanos de comunidades religiosas registradas y no registradas puedan viajar a Estados Unidos, así como también intercambiar ayuda y materiales e interactuar con correligionarios en Estados Unidos;

Aplicar la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, Decreto Ejecutivo 13818, u otras herramientas específicas pertinentes, para denegar visas estadounidenses y bloquear los activos estadounidenses de funcionarios y organismos identificados como responsables de las violaciones del derecho a la libertad religiosa o de culto, y considerar responsables a funcionarios de la ORA de tales medidas;

Usar fondos adecuados para promover la libertad en Internet y el acceso generalizado a los medios de comunicación, y proteger a los activistas cubanos mediante el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías y programas y el acceso a las mismas, con el fin de contrarrestar la censura y facilitar el libre flujo de información hacia y desde Cuba, según las conclusiones y las recomendaciones de la Fuerza de Tarea en Internet de Cuba creada de conformidad con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, “Fortalecer la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”; y

Exhortar a sus socios internacionales, incluidos los países latinoamericanos y europeos y los bloques regionales clave, a garantizar que incluyan en sus conversaciones con Cuba el tema de las violaciones de la libertad de religión o credo y los derechos humanos conexos, ya sea en un marco formal e informal o multilateral y bilateral.

Antecedentes Cuba Nombre completo: República de Cuba Gobierno: Estado comunista Población: 11.147.407 Religiones/credos que el gobierno reconoce: 55 comunidades religiosas registradas Demografía religiosa*: 60–70% católica romana (generalmente sincrética, mezclada con religiones africanas tradicionales, especialmente la santería) 5% protestante 25% sin afiliación religiosa *Departamento de Estado de los Estados Unidos

El presidente Raúl Castro y su círculo gobiernan con absoluta autoridad, y el Partido Comunista es el único partido reconocido constitucionalmente en el país. A pesar de las declaraciones previas de que el presidente Castro dejaría el cargo en febrero de 2018, el parlamento cubano votó de forma unánime en diciembre de 2017 para extender su mandato hasta abril de 2018, invocando la necesidad de responder a la devastación ocasionada por el huracán Irma.

Las autoridades realizan detenciones arbitrarias, breves y por motivos políticos; agreden a disidentes y activistas defensores de la democracia y los derechos humanos; utilizan ampliamente actividades de vigilancia e intimidación, y organizan “actos de repudio”, incidentes en los que turbas reclutadas por el gobierno acosan y a veces agreden a activistas, líderes religiosos y otras personas que son blanco del gobierno. El gobierno cubano no permite que las organizaciones de derechos humanos funcionen legalmente, y controla todo el acceso a los medios de comunicación, servicios de impresión y materiales de construcción. El gobierno restringe rigurosamente el acceso a Internet en el país al negar el acceso a muchas personas y al limitar incluso a usuarios aprobados a una intranet estrictamente controlada. Si bien el acceso a Internet en el hogar se legalizó en diciembre de 2016 en algunas zonas urbanas, las restricciones legales, los precios elevados y las conexiones extremadamente lentas indican que Internet sigue siendo inaccesible para la mayoría de los cubanos. El contenido de Internet relacionado con los derechos humanos, incluido el sitio web de las Damas de Blanco, está completamente bloqueado, y el contenido no puede contradecir “los principios morales de la sociedad cubana”.

Si bien la constitución cubana garantiza la libertad de religión o credo, esta protección está limitada por otras disposiciones constitucionales y legales. El artículo 8 afirma que “el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa”, y el artículo 55 garantiza el derecho a “cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro de lo que permite la ley, el culto religioso de su preferencia”. Sin embargo, el artículo 62 afirma que todos los derechos pueden limitarse sobre la base de los “fines del Estado socialista y la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”. La cláusula sobre abuso de libertad de cultos del Código Penal cubano permite la encarcelación de cualquier persona que el gobierno determine que abusa de las protecciones constitucionales de libertad religiosa al situar las creencias religiosas en oposición a otros fines del estado.

El gobierno cubano controla las actividades religiosas a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista y del Ministerio de Justicia. El gobierno exige a las comunidades religiosas que se registren en el Ministerio de Justicia; este proceso requiere la divulgación de las fuentes de financiamiento y las ubicaciones de las actividades, y la certificación de que no están repitiendo las actividades de otras comunidades religiosas registradas. La Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro y solo debe rendir cuentas al propio Partido. Por lo tanto, tiene el amplio e ilimitado poder de controlar las prácticas religiosas legales en Cuba.

Al final del período al que se refiere este informe, se registraron 55 comunidades religiosas, principalmente denominaciones cristianas, de las cuales más de la mitad tiene alguna forma de asociación con el Consejo de Iglesias de Cuba reconocido por el gobierno. Únicamente las comunidades religiosas registradas están autorizadas legalmente para recibir a visitantes extranjeros, importar materiales religiosos, reunirse en centros de culto autorizados y solicitar permiso para viajar al exterior con fines religiosos. Los funcionarios del Partido Comunista local deben autorizar todas las actividades religiosas, salvo los servicios de culto regulares, de los grupos registrados, tales como los trabajos de reparación o construcción de centros de culto y la celebración de procesiones o eventos fuera de los recintos religiosos.

El gobierno asimismo restringe la práctica religiosa al negar el acceso a los medios de comunicación del Estado a comunidades religiosas independientes, limitar las visas de salida del país, exigir el registro de las publicaciones, limitar la entrada al país de trabajadores religiosos extranjeros y restringir las cuentas bancarias a una por denominación o asociación religiosa. Además, la Oficina de Asuntos Religiosos sigue presionando a las comunidades religiosas con el fin de que cambien sus estructuras de gobierno interno, estatutos, constituciones y financiamiento para que sean más jerárquicos, lo que favorece a los esfuerzos del gobierno para controlarlas. Los defensores de la libertad religiosa informan que los funcionarios de las comunidades discriminan a algunos cristianos en el trabajo y las escuelas, e incluso niegan a algunos niños cristianos la comida en las escuelas.

Los grupos no cristianos están sujetos a niveles similares de restricciones, incluidos los practicantes de la tradición sincrética de la santería, basada en la religión yoruba, que se encuentra entre las tradiciones más populosas del país. En un ejemplo de esta dinámica de cooptación y resistencia, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba controlada por el gobierno emite una profecía anual para el próximo año, la cual es rechazada por grupos independientes no registrados, como la Asociación Yoruba Libre de Cuba. La población judía de Cuba, con una cantidad estimada de alrededor de 1.000 personas, generalmente opera dentro de las restricciones impuestas por la Oficina de Asuntos Religiosos.

En 2005, el gobierno cubano implementó una ley para regular las casas templo (congregaciones que se reúnen para celebrar el culto en viviendas privadas). Muchas denominaciones protestantes dependen de las casas templo debido a las restricciones impuestas por el gobierno en la construcción de nuevos recintos religiosos; el Departamento de Estado informa que hay alrededor de entre 2.000 y 10.000 casas templo en Cuba. Esta ley, conocida como Directiva 43 y Resolución 46, exige que todas las casas templo se registren y presenten al gobierno información detallada sobre sus miembros, las personas que habitan en la casa templo y el calendario de servicios. No se permiten más de tres reuniones por semana, se prohíbe a los ciudadanos extranjeros participar en los servicios sin el permiso del gobierno y se exige que las casas templo de la misma denominación estén a una distancia mínima de dos kilómetros entre sí.

En enero de 2015, el gobierno cubano anunció el Decreto Legal 322, la Ley General de la Vivienda, supuestamente para regular las leyes de propiedades privadas y zonificación. Sin embargo, las autoridades cubanas han utilizado el Decreto Legal 322 para amenazar con la expropiación de las iglesias.

Situación de la libertad religiosa en 2017

Detención y acoso a los líderes y activistas religiosos: En 2017, el gobierno cubano participó en campañas de acoso contra líderes religiosos y activistas específicos que defienden la libertad religiosa en la isla.

En enero, el Dr. Óscar Elías Biscet, ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, fue arrestado y más tarde liberado con la advertencia de que debía abandonar su activismo. El Dr. Biscet, que cumplió nueve años de una condena de 25 años por las actividades de derechos humanos, incluida su oposición a las prácticas de aborto del gobierno cubano, recibió una distinción en 2016 por el Instituto Patmos, que promueve el diálogo interreligioso y la libertad religiosa en Cuba. En junio de 2016, la USCIRF se reunió con el Dr. Biscet y su esposa, Elsa Morejón.

En el último año, el pastor Ramón Rigal de la Iglesia de Dios en Cristo de Cuba, sufrió decisiones arbitrarias e incertidumbre en su procesamiento por escolarizar a sus hijos en su hogar de acuerdo con sus creencias religiosas. El 21 de febrero de 2017, el pastor Ramón Rigal y su esposa Adya Expósito fueron arrestados y acusados de “actuar en contra del desarrollo normal de un menor”. Fueron liberados el día siguiente, con orden de presentarse a la policía cada semana en persona hasta su juicio. El 25 de abril, una corte cubana sentenció al pastor Rigal a un año de prisión y a su esposa a un año de arresto domiciliario. El 6 de julio, un juez redujo la sentencia del pastor Rigal a seis meses de arresto domiciliario si sus hijos asistían a una escuela estatal. El 31 de julio, funcionarios del gobierno le informaron al pastor Rigal que se le prohibiría servir como pastor de su iglesia y, en lugar de eso, le ordenaron verificar los abastecimientos de agua en las viviendas locales para combatir la infestación de mosquitos. A principios de agosto, las cortes locales anularon el fallo, permitiéndole servir como pastor. El 5 de septiembre, una corte de la provincia de Guantánamo revirtió esta decisión, le prohibió al pastor buscar un empleo privado y lo obligó a aceptar un empleo del gobierno de bajo sueldo.

En abril, el activista de libertad religiosa Félix Yuniel Llerena López, miembro del Instituto Patmos, viajó a Estados Unidos para generar conciencia sobre las condiciones en Cuba. Durante este viaje, Llerena López se reunió con la USCIRF, así como también con funcionarios del Congreso y otros funcionarios del gobierno estadounidense. A su regreso a Cuba el 27 de abril, agentes de seguridad lo detuvieron en el Aeropuerto Abel Santamaría en Santa Clara e inspeccionaron su equipaje. Al día siguiente, la policía lo interrogó a él y a su madre y lo obligó a firmar una orden de prearresto por disturbios públicos. El 8 de mayo, Llerena López fue expulsado de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona en la Habana. El 17 de junio, se le impidió salir del país y se le informó que desde abril había estado sujeto a una prohibición de viaje. Un mes después, fue arrestado y liberado al día siguiente, y se le comunicó que podría ser acusado de posesión de material pornográfico. El 2 de octubre, se le informó a Llerena López que todos los cargos contra él habían sido desestimados y que se había eliminado la prohibición de viaje.

Otros individuos asociados con el Instituto Patmos también fueron acosados o expulsados de universidades, tanto estudiantes como profesores, debido a sus creencias o actividades religiosas reales o presuntas. En noviembre de 2017, el coordinador de Cuba Central, Leonardo Alonso, fue detenido, mientras que, a principios de año, su hija, la profesora Dalila Rodríguez, fue expulsada de su puesto docente en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Rodríguez informó que fue interrogada sobre las actividades de libertad religiosa de su padre y sobre cualquier contacto con el pastor bautista y activista Mario Félix Lleonart Barroso, con quien la USCIRF se reunió en varias ocasiones en 2017. Después de haber sido detenido y arrestado en varias oportunidades a lo largo de sus años de activismo, el pastor Lleonart Barroso y su esposa Yoaxis Marcheco recibieron asilo en Estados Unidos.

El gobierno cubano siguió tratando de cerrar la iglesia Viento Recio del reverendo Mario Jorge Travieso. Aunque el gobierno demolió la iglesia Viento Recio en 2016, el reverendo Travieso continuó celebrando servicios afuera en los terrenos. Las autoridades visitaron al reverendo Travieso en varias ocasiones durante el período al que se refiere este informe para quejarse sobre “ruidos molestos” durante los servicios, incluidos los rezos y cantos de los parroquianos. En febrero, la policía convocó al reverendo Travieso, lo interrogó durante dos horas y lo amenazó con confiscar la propiedad de la iglesia. El 3 de abril, el gobierno le impuso una multa de 1.500 pesos cubanos (USD 57) por construir una pared demasiado alta. El 12 de mayo, el Departamento de Planificación Física interrogó al reverendo Travieso durante dos horas.

En septiembre, oficiales de seguridad irrumpieron en un servicio cristiano interconfesional celebrado en la plaza El Cristo, en la provincia de Santiago de Cuba. Aunque los organizadores afirmaron que se les había dado permiso para celebrar el servicio, los oficiales lo cerraron y emitieron una orden de prearresto y una advertencia al pastor líder, Ernesto Lora.

Desde 2005, las autoridades han acosado al reverendo Alaín Toledano Valiente, defensor de la libertad religiosa. En 2017, la policía le presentó al reverendo Toledano una orden de prearresto; no se tomó ninguna otra medida hasta finales del período al que se refiere este informe.

Amenazas a las iglesias: En 2017, funcionarios del gobierno recurrieron al Decreto Legal 322 para amenazar con confiscar varias iglesias; los funcionarios del gobierno les ofrecieron a las iglesias la opción de continuar usando los recintos a cambio de una renta.

A lo largo del período al que se refiere este informe, las autoridades siguieron amenazando con confiscar o demoler la iglesia Fuego y Dinámica en Camagüey, la iglesia Sendas de Justicia en Santiago, la iglesia El Reino de Dios en Santiago y la iglesia Bautista Misión Bereana en Las Tunas.

Los funcionarios del gobierno también interrogaron a líderes religiosos en todo el país con respecto a la situación legal de sus propiedades religiosas. En algunos casos, los funcionarios confiscaron los títulos de propiedad, lo cual dejó a las comunidades religiosas vulnerables a cargos por mantener propiedades ilegales y a que dichas propiedades fueran destruidas o confiscadas.

El 6 de julio, el edificio que alberga a la Junta de Misiones Internacionales de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental fue ocupado por residentes ilegales, que permanecieron allí hasta finales del período al que se refiere este informe. Aunque la Convención alertó a la policía y a la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la situación, el gobierno no ha tomado medidas para devolver el edificio.

Negación de libertad religiosa a activistas defensores de la democracia y los derechos humanos: Como ha sucedido en períodos de informes anteriores, el gobierno cubano continuó negando a los activistas defensores de la democracia y los derechos humanos los derechos constitucionales e internacionales de libertad de religión o credo. Activistas defensores de los derechos humanos detenidos cuando iban de camino a los servicios religiosos, en la mayoría de los casos a la misa católica, fueron frecuentemente golpeados y detenidos durante hasta 24 horas sin acusación. Los líderes religiosos siguen denunciando haber recibido presión de parte de funcionarios del gobierno para que expulsen o rechacen a estos activistas. A otros activistas y sus familiares se les negó el acceso a materiales religiosos o prácticas durante la detención.

Casi todos los domingos durante el año, en todo el país, el gobierno le prohibió a un promedio de alrededor de 60 miembros del movimiento Damas de Blanco asistir a servicios religiosos. Las Damas de Blanco son esposas y familiares de disidentes que fueron encarcelados en 2003; se visten de blanco durante las marchas semanales después de las misas dominicales para llamar más la atención sobre el encarcelamiento de sus esposos, hijos u otras personas en Cuba. En la mayoría de los casos, estas personas fueron arrestadas cuando iban de camino a la misa y fueron liberadas horas después. Hay personas que informaron haber sido golpeadas, acosadas, sujetas a sanciones arbitrarias y detenidas durante 24 horas o más. En varios casos, cada vez más frecuentes, las Damas de Blanco son liberadas en zonas alejadas de sus hogares o humilladas en público. En particular, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, en varias ocasiones, ha sido arrestada violentamente y estrangulada por las fuerzas de seguridad, mientras que otras, como Daisy Artiles del Sol, María osefa Acon Sardi as y Magda nelvis Mendoza Díaz informaron haber sido golpeadas durante sus detenciones. En julio de 2017, críticos fervientes del régimen, los sacerdotes católicos José Conrado Rodríguez y Castor Álvarez Devesa, celebraron una misa en la sede del movimiento Damas de Blanco en protesta por haberles negado el acceso a las ceremonias de la iglesia y para resaltar su preocupación sobre las condiciones de la libertad religiosa.

Acontecimientos positivos: En abril, funcionarios les prometieron verbalmente a las Asambleas de Dios que el gobierno no confiscaría ni demolería sus iglesias tal como amenazó hacerlo en 2015 y 2016. En 2015, el gobierno designó “ilegales” a 2.000 iglesias de las Asambleas de Dios, lo cual perjudicó a sus líderes y congregantes, y había seleccionado 1.400 de estas iglesias para confiscarlas.

Política de Estados Unidos

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron en 2017. Durante el período al que se refiere este informe, el Departamento de Estado confirmó que 24 diplomáticos estadounidenses (y algunos cónyuges) sufrieron ataques que provocaron lesiones como traumas cerebrales leves, pérdida auditiva, fuertes dolores de cabeza y pérdida del equilibrio, entre otros síntomas. El origen de los ataques, que comenzaron a fines de 2016, es desconocido. El gobierno cubano ha negado su participación o tener conocimiento de los ataques. En respuesta a los ataques, el gobierno de EE. UU. retiró el 60 por ciento de su personal de la embajada, suspendió la emisión de visas a ciudadanos cubanos y exigió a la embajada cubana en Estados Unidos que reduzca su personal a dos tercios.

En 2017, la administración de Trump revocó las políticas de la administración de Obama de incrementar los viajes y el comercio con Cuba, lo cual refleja la posición de la administración Trump de que el incremento de las oportunidades comerciales debe ser el resultado de mejoras demostradas en materia de libertad de religión y derechos humanos. El presidente Trump emitió un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional en junio de 2017 titulado “Fortalecer la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”. El memorando se centró en la necesidad de derechos humanos y libre empresa en Cuba, y le dio instrucciones al gobierno federal para que garantizara que tales políticas, incluidas la promoción de la democracia y las pautas sobre viajes, beneficien a los cubanos y no al gobierno. La política ordenó además al secretario de estado que presente un informe al presidente sobre el grado en que el gobierno cubano ha cumplido los requisitos de un gobierno de transición, tal como se describe en la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (LIBERTAD) de 1996. En enero de 2018, finalizado el período al que se refiere este informe, el Departamento de Estado convocó a una Fuerza de Tarea en Internet de Cuba, encomendada por el memorando sobre la nueva política para “evaluar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para expandir el acceso a Internet en Cuba”.

En un discurso en octubre de 2017, el presidente Trump nombró a Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela como “regímenes represivos”, y reiteró que “no levantarán las sanciones contra hasta que restituyan la libertad de religión y política en su pueblo”. Al mes siguiente, la administración Trump anunció nuevas disposiciones que prohíben los viajes individuales a Cuba, pero permiten viajes en grupo para fines específicos, impiden a los ciudadanos estadounidenses frecuentar hoteles y restaurantes indicados que benefician a funcionarios cubanos y restringen intercambios comerciales con 180 organismos. Las nuevas políticas no inciden en los planes de viaje y empresariales ya contraídos, únicamente en aquellos iniciados después de la publicación de las disposiciones en el Registro Federal. Las aerolíneas y cruceros estadounidenses pueden continuar operando.

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Imagen de portada, Servicio en Cuba/Panorama.